Las turbulencias económicas han provocado un enorme deterioro en derechos sociales que se creían garantizados. El Consejo de Europa ha detectado importantes retrocesos desde el inicio de la crisis, particularmente en España. Este organismo, encargado de velar por los derechos humanos en 47 países del continente, juzga ilegal la decisión de excluir a los extranjeros sin papeles de la sanidad española. “La crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad”, concluye un informe sobre derechos sociales divulgado ayer.

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