El magistrado del Juzgado número dos de lo mercantil de Madrid, Andrés Sánchez Magro, ordenó el cese y la prohibición en todo el territorio Español de la actividad de la empresa americana UBER, por suponer una “competencia desleal” a los taxistas.

Esta empresa se dedica a poner en contacto a particulares con conductores no profesionales, que carecen de autorización administrativa que les permita desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo.

Se trata de una medida cautelar adoptada por el magistrado del Juzgado número dos de lo mercantil de Madrid, previa a la demanda que la asociación Madrileña del Taxi va a  interponer contra la empresa UBER.

El juez también ha ordenado a los operadores de telecomunicaciones presentes en España que “suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con UBER”.

De la misma manera, también ha solicitado a distintas entidades de pago electrónico que suspendan las operaciones de ingreso o pago por medio de cualquier dispositivo usado por UBER.

El juez Andrés Sánchez Magro ha tomado su decisión sin tomar declaración a los representantes de UBER alegando urgencia porque se está produciendo un “daño inmediato” a los taxistas. Aparte la empresa demandada está domiciliada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware.

El magistrado recuerda que para prestar servicio de transporte con un vehículo propio la legislación española requiere que se tenga ”una autorización habilitante, bien por el Estado o por la Comunidad Autónoma.